VINATEA & TOYAMA: Empresas deben trabajar en planificación laboral estratégica para escenarios adversos

Lima, Jun.2021.- De cara al bicentenario, el Perú atraviesa por una difícil situación política, y el panorama laboral se ve afectado por la incertidumbre.

En este contexto, expertos en relaciones laborales de Venezuela, Cesar Carballo; de Bolivia, Pablo Carrasco y del Perú, Jorge Toyama; compartieron sus experiencias y formularon una serie de recomendaciones durante el Conversatorio Laboral Internacional “¿Cómo planificar los siguientes años ante la incertidumbre?'', organizado por la firma Vinatea & Toyama.

El experto laboralista Jorge Toyama, analizó las diversas posibilidades de regulación laboral en un escenario radical y otro moderado por parte de un eventual gobierno de Perú Libre. En ese sentido, se mostró optimista pues señaló que el nuevo gobierno no contará con mayoría en el Congreso para implementar cambios radicales, al menos en el corto plazo. “Con la correlación actual, no cuenta con votos suficientes para llevar a cabo una Asamblea Constituyente, llevar adelante reformas constitucionales ni dar medidas inconstitucionales. “Es posible sí que, siguiendo una tendencia ya mostrada en los últimos meses, se discutan y, eventualmente, aprueben medidas protectoras a favor de los trabajadores”, puntualizó.

Jorge Toyama recomendó a las empresas tener planes “B” y prepararse para diversos escenarios, especialmente en cuatro líneas de trabajo. La primera, la parte estructural, estar preparados para decisiones de reorganización o evaluaciones del head count. La segunda, la implementación de criterios de flexibilidad en políticas y organización, evaluar el trabajo remoto a nivel nacional e internacional y tener trabajadores polifuncionales, ya que las empresas podrían otorgar más concesiones de las habituales. La tercera, trabajar la cultura empresarial, el sentido de pertenencia de los trabajadores, dado que el talento podría escasear o migrar. Y finalmente, fortalecer la política de recursos humanos como tarea de todos en cada organización. Esto sirve especialmente para defender a la organización en tiempos difíciles.

Toyama dijo que las empresas deben trabajar en planificación estratégica para escenarios adversos y sugirió medidas para adaptarse al nuevo entorno: trabajar la unidad gremial para fortalecer los sectores productivos pues lo que ocurra en un sector impactará en todas las empresas; asimismo, colaborar en lo posible con el futuro gobierno, en procura del diálogo social tripartito. Y lo más importante “se requiere mucha planificación estratégica, preparación y adaptación de toda la empresa al nuevo contexto”, puntualizó.

Venezuela

Desde Venezuela, Cesar Carballo, socio de la firma Colmenares-Trivella & Carballo, hizo una descripción de cómo el denominado “Socialismo del Siglo XXI”, iniciado en 1999, no sólo erosionó las libertades empresariales, sino que también afectó a los sindicatos de ese país y eliminó el diálogo social. Explicó que la libertad sindical fue sistemáticamente demolida, según lo constató un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2019. “Los sindicatos fueron sometidos a un control por un órgano del Estado que controla las elecciones sindicales, cuándo y cómo se realizan y, a partir de que, momento pueden entrar en funciones”, comentó.

Detalló que, en 2018, más de 60% de sindicatos estaban en mora electoral, por lo que no podían ejercer acciones colectivas ni convocar a huelgas. “Solo el 40% podía ejercer sus derechos y la mayoría eran del sector público”, puntualizó.

Agregó que los sindicatos fueron en la práctica estatizados, obligados a representar al pueblo, defender la soberanía nacional, satisfacer las necesidades populares. Inclusive se les atribuyó la función de controlar precios de bienes y servicios en sectores donde trabajaban. “Todo esto son actos violatorios de la libertad sindical”, argumentó Carballo.

Advirtió que, para hacer comparaciones con la realidad de Venezuela, se debe tener en cuenta que entre los años 1999-2014, el precio promedio de exportación del petróleo venezolano fue de casi USD 60 por barril (331% más que en los 16 años anteriores), recibiendo alrededor de USD 845 mil millones como ingresos nominales, realidad que no es aplicable a otros países.

En Bolivia

Desde Bolivia, Pablo Carrasco, director y socio de la firma Carrasco Abogados, refirió que, con Evo Morales desde el 2006, hubo una intervención directa de los dirigentes laborales y sus asesores en la regulación laboral. Así, los trabajadores recibieron diversos beneficios; por ejemplo, se prohibieron los despidos, se estableció la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones y se estableció -en la Constitución- la imprescriptibilidad de los derechos laborales. También los trabajadores fueron declarados beneficiarios directos -en caso de cierre de una empresa- para comenzar a trabajar con los activos mientras que las deudas debía pagarlas el empresario que liquidaba su compañía.

“La relación con el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una relación imposible. Un mensaje que dieron todos los ministros de trabajo desde el año 2006 era que es el ministerio de los trabajadores. Esto significa que no hay la posibilidad de un equilibrio en la regulación, sino que es un proteccionismo pleno. Y como anécdota, en la página web del ministerio se lee que se ha resuelto el 99% de reclamos de reincorporación a favor de los trabajadores”, puntualizó.

Ante la pregunta sobre si, a pesar de todo lo ocurrido, se puede hacer empresas solventes tanto en Venezuela como en Bolivia, los expositores Cesar Carballo y Pablo Carrasco contestaron que, aun así, si es posible.

Carrasco dijo que inclusive han llegado inversionistas de Perú, Paraguay y Argentina pero que la mayoría de las empresas tuvieron que reinventarse frente a una situación difícil. Por su parte, Carballo dijo que el gobierno de Venezuela ha flexibilizado “de facto” las políticas a favor del sector privado.