Fiscalización del Beneficiario Final entra en fase activa: alertan sobre multas y contingencias

Lima, Feb.19,2026.-La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) viene intensificando la fiscalización del cumplimiento de la obligación de identificar y declarar al Beneficiario Final, una exigencia que alcanza a miles de empresas en el país y que busca fortalecer la lucha contra la evasión tributaria, el lavado de activos y el uso de estructuras societarias opacas.

Si bien esta obligación se encuentra vigente desde la promulgación del Decreto Legislativo N.° 1372, en los últimos meses la SUNAT ha reforzado los mecanismos de verificación, cruce de información y control posterior, elevando significativamente el riesgo para las empresas que no han presentado la declaración jurada informativa, la han realizado de manera incorrecta o mantienen información desactualizada.

“La fiscalización del Beneficiario Final ya es una realidad operativa. Hoy la SUNAT cuenta con mayores herramientas tecnológicas y acceso a información nacional e internacional que le permiten identificar inconsistencias, omisiones y posibles esquemas de ocultamiento”, explicó Nicole Alzamora Sanguineti, Tax Associate de VAG Global, firma de Auditoría y Tax & Legal.

La especialista advierte que el incumplimiento de esta obligación puede generar importantes contingencias económicas, tributarias y reputacionales para las empresas, que van desde multas administrativas hasta procesos de fiscalización más complejos. “El error más común es pensar que esta exigencia solo aplica a grandes corporaciones o estructuras complejas. En realidad, alcanza también a medianas y pequeñas empresas, siempre que exista una estructura societaria que requiera identificar al verdadero titular o controlador”, señaló.

La normativa establece un criterio mixto para identificar al Beneficiario Final. En primer lugar, se analiza la cadena de titularidad, considerando beneficiario a la persona natural que posea, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital social. Cuando este criterio no permite una identificación clara, se evalúa el control efectivo final, entendido como la capacidad de influir de manera preponderante en las decisiones estratégicas, financieras u operativas de la organización. De no determinarse bajo ninguno de estos criterios, la norma dispone que se identifique como beneficiario final a quien ejerza el cargo administrativo superior, evitando vacíos de información que puedan afectar la transparencia.

Según Alzamora, la SUNAT viene fortaleciendo sus procesos de fiscalización posterior y cruce de datos, integrando información financiera, societaria y registral, tanto a nivel local como internacional. “Las empresas deben entender que hoy existe una capacidad real de detectar inconsistencias. No se trata solo de presentar una declaración, sino de contar con procesos internos que permitan identificar correctamente al beneficiario final, validar la información y mantenerla permanentemente actualizada”, explicó.

Desde una perspectiva práctica, la especialista recomienda que las empresas revisen su estructura societaria, documenten adecuadamente su cadena de titularidad, identifiquen los mecanismos de control efectivo y establezcan protocolos internos de actualización de información, con el fin de mitigar riesgos ante eventuales procesos de fiscalización. “El cumplimiento oportuno y correcto no solo reduce la exposición a sanciones, sino que fortalece la gobernanza corporativa y la transparencia empresarial, factores cada vez más valorados por inversionistas, entidades financieras y socios estratégicos”, concluyó.