Roberto Burneo utilizó indebidamente la Procuraduría del JNE en asuntos privados

Lima, May.6,2026.- El jurista constitucionalista Dr. Jesús Veliz Valerio, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuestionó la utilización del procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para presentar denuncias vinculadas a protestas realizadas en el domicilio particular de Roberto Burneo.

Señaló que ello constituye un grave uso indebido de recursos y personal del Estado para fines personales.

“La defensa jurídica estatal no puede convertirse en un mecanismo de protección privada de funcionarios públicos, pues los procuradores ejercen una función autónoma, técnica e independiente conforme a la Constitución y a la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, sostuvo.

Veliz Valerio manifestó que el empleo del procurador del JNE en asuntos relacionados con la esfera personal del presidente del organismo electoral evidenciaría una presunta desviación de poder y una instrumentalización indebida de la función pública, vulnerando principios constitucionales como legalidad, imparcialidad, neutralidad y servicio exclusivo a la Nación.

Asimismo, afirmó que el uso de personal, logística y capacidad operativa del Estado para fines particulares podría configurar presuntos delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal y uso indebido de recursos públicos.

Frente a estos hechos, el constitucionalista consideró que corresponde una actuación inmediata de las instituciones competentes para garantizar la legitimidad e imparcialidad del sistema electoral.

En ese sentido, Veliz Valerio sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la República debe apartar inmediatamente a Roberto Burneo del cargo y designar provisionalmente a otro magistrado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, a fin de preservar la confianza ciudadana en el Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, indicó que la Junta Nacional de Justicia debe intervenir de oficio e iniciar un procedimiento disciplinario inmediato, evaluando incluso la suspensión preventiva de la condición de magistrado por la gravedad de los hechos y el eventual compromiso de la ética e idoneidad funcional exigidas a las altas autoridades del sistema electoral.

“En un Estado constitucional de derecho ninguna autoridad puede utilizar instituciones públicas como mecanismos de protección personal, menos aún en un contexto donde la transparencia e independencia electoral resultan esenciales para la democracia”, sentenció.